Con los ojos en el futuro

SURda

 

 

Julio A. Louis

 

El 12 de abril se ha dado un gran paso para doblar una página negra de la historia con la resolución del Senado que declara inaplicables tres artículos de la Ley de Caducidad, restituyendo al Poder Judicial la potestad de investigar las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el debate político centrado en aspectos jurídicos proseguirá. Hubiera sido solución más firme y menos problemática la del Dr. Pérez Pérez de encomendar a la Suprema Corte de Justicia aplicar “la sentencia (de la Corte Interamericana) que dice que esa ley carece de efecto jurídico” .

Durante la denominada "Guerra Fría" , al fin de la Segunda Guerra Mundial, EE.UU. elabora la Doctrina de la Seguridad Nacional que sustituye el concepto de enemigo bélico exterior, por el de enemigo interno para todo aquel que no comparta los fundamentos del “mundo libre” que lidera. El enemigo es el marxista, el cristiano o el liberal. Simultáneamente prepara a las Fuerzas Armadas del continente para convertirse en el agente ejecutor de tal doctrina. La resultante fue una cadena de feroces dictaduras (particularmente en el Cono Sur) que convierten a las FF.AA. en cancerberos de sus pueblos, desde el golpe brasileño de 1964 al argentino de 1976.

Con el fortalecimiento de la resistencia antidictatorial y el peligroso ejemplo de la Revolución Sandinista, EE.UU se ve obligado a abrir un abanico de opciones tácticas. No pone todos los huevos en una canasta y juega varias cartas simultáneas, prefiriendo las salidas que preserven mejor sus instrumentos represivos (FF. AA. y aparatos de inteligencia). Para eso convence y presiona a sus testaferros a aperturas negociadas. De ese modo, el fascismo dependiente -régimen de la Doctrina de la Seguridad Nacional- y la Democracia Tutelada (por las FF.AA.), son cartas tácticas sucesivas de su estrategia. El Pacto del Club Naval permite la "retirada honrosa" de las FF.AA., mientras la Doctrina se mantiene a la sordina, como se evidencia en el caso Berríos. El régimen democrático se permite mientras no afecte a las FF.AA. y a esa Doctrina, y no cuestione recetas como las del FMI. En 1986 la Democracia Tutelada en Uruguay se afirma con la Ley de Impunidad. La presión militar lleva al P. Nacional (opuesto al Pacto del Club Naval) a promoverla.

El régimen de la democracia tutelada hereda las contradicciones de clase de la dictadura fascista, pero adquiere otra básica y determinante: su obligación de defender los intereses del imperialismo y de la burguesía nativa asociada, en condiciones de crisis económica, aunque apelando a la legitimidad democrática. Mientras gobiernan los partidos tradicionales hay represión (Sanguinetti se ufana de no haber perdido ningún conflicto sindical) acompañada de discurso "dialoguista" y de "entonación nacional" , compatible con el discurso militar que sostiene que " a los vencedores no se les imponen condiciones". No obstante, la política neoliberal sin cambios, el esclarecimiento de atrocidades (Plan Cóndor, asesinatos, entierros clandestinos, vuelos de la muerte) y el desarrollo de la conciencia del pueblo explotado se traduce en el imparable crecimiento del Frente Amplio.

Los gobiernos de éste ahondan la crisis del régimen democrático tutelado. En tanto el F.A. y las organizaciones del movimiento obrero y popular representan en sus orígenes el mismo bloque de clases, las contradicciones no antagónicas insalvables entre ellos permiten comprender la dinámica de los hechos. La larga serie de plebiscitos y referendos convocados desde 1985 siempre tienen como vanguardia a las organizaciones sindicales y sociales, aunque en el tramo final el F. A. los apoya generalmente a regañadientes. El hecho responde a la excesiva amplitud de clases procesada en el F.A. (aburguesamiento), que lo convierte en una fuerza en permanente y áspera disputa por la hegemonía, la que se extiende a sus gobiernos.

Esas contradicciones no antagónicas arrojan luz para el período culminado el 12 de abril en el que intervienen, al menos tres factores: la postura de Mujica-Astori de no impulsar durante la campaña electoral el voto por la papeleta rosada contra la Ley de Impunidad, que hubiera solucionado el tema; los 26 fallos de la Suprema Corte de Justicia declarando inconstitucional la ley; y el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena y obliga al Estado uruguayo a anularla.

No es con "los ojos en la nuca" mirando al pasado, sino con los ojos abiertos dirigidos al futuro que celebramos esta victoria parcial. Conscientes que EE.UU. observa -como águila herida- que la presa de América Latina se le escapa; que los golpistas reaccionarios (los viejos de los Centros Militares y los jóvenes formados por éstos) amenazan con "febreros amargos" y "conmociones sociales" ; que los partidos tradicionales aprovechan los problemas generados por sus gobiernos y los de la dictadura durante generaciones (la marginalidad y la delincuencia) para retomar el control del gobierno; y que -y esto es muy grave- el Presidente persiste en la práctica de algunos dirigentes del MLN que en condiciones extremas han negociado con los jefes del otro bando sin consultar a los suyos, como si la ciudadanía estuviera integrada por guerrilleros silenciados. Por ejemplo, cuando visita al Gral. Dalmao irrita y ofende a los jueces que lo han condenado y al Poder Judicial en su conjunto, tanto como a la militancia del F.A. y de las organizaciones de derechos humanos.

Mientras se dan seguridades a los inversores y a los organismos internacionales de crédito, Mujica se empeña en conciliábulos, quizás con la pretensión expuesta por Bonilla (Jefe del Estado Mayor) de que para que haya verdad no puede haber justicia, con lo que todo seguiría sin justicia y con poca verdad. El “Mandela sudamericano” sigue desconociendo lo hecho por Mandela, (decir la verdad era imprescindible para aspirar al perdón, que no era automático, analizándose caso a caso). Mientras se deambula sin rumbo claro, se prepara las condiciones para que Uruguay tenga -como Chile hoy- una derecha más firme que nunca, una inmensa apatía de la ciudadanía y una izquierda confundida, dividida y de escasa gravitación. Bien dice José Díaz que ha llegado la hora de refundar el F. A. Se debe comenzar, nos parece, con el debate y la Unidad de Acción concertada entre sectores y militantes socialistas.